Washington, 11 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Texas puso punto final este viernes a la lucha legal por parte de una serie de organizaciones y clínicas de servicios reproductivos en este estado contra una ley aprobada en septiembre que prácticamente prohíbe de facto el aborto.

En una decisión unánime, la corte suprema texana estableció que los funcionarios estatales no tienen la capacidad de aplicar esa ley, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.

De esta forma, el Supremo de Texas terminó un pleito, que las clínicas abortivas veían como la vía judicial más favorable para bloquear la norma.

La polémica regulación no contempla excepciones en casos de incesto o violación y, a diferencia de leyes similares, deja su aplicación en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, por lo que cualquiera puede presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar en caso de que crean que está infringiendo la prohibición.

Además, ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares a cada demandante por juicio ganado.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa legalmente a algunas de las clínicas de servicios reproductivos demandantes, señaló en un comunicado que este era el «pleito más prometedor» contra la ley de Texas.

ACLU recordó que en diciembre pasado la Corte Suprema de EE.UU. desestimó buena parte de este caso, pero dejó que «una pequeña parte» siguiera adelante en cortes inferiores.

«La resolución de hoy resultará en el sobreseimiento de la porción que quedaba en pie del pleito contra el veto de las seis semanas, lo que significa que SB8 (nombre de la ley) probablemente seguirá en efecto en el futuro», lamentó ACLU.

Tras la decisión de diciembre, el Tribunal Supremo de EE.UU., de mayoría conservadora, volvió a dejar en pie a finales de enero y por tercera vez el veto casi total al aborto en Texas.

El aborto ha sido legal en el país desde que en 1973 el Supremo del país dictaminara que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo.

En las últimas dos décadas las campañas contra el aborto han resultado en crecientes restricciones y obstáculos aprobados a nivel de los estados.

En el caso del aborto en Texas, los tribunales se han centrado más en pronunciarse sobre asuntos procedimentales y no tanto su constitucionalidad.

Aparte del veto de Texas, al Supremo del país ha llegado otro caso similar que afecta a Misisipi, que prohíbe el aborto a las quince semanas de gestación y que constituye la causa más decisiva de las últimas décadas sobre la interrupción del embarazo, ya que aquí el tribunal sí que debe pronunciarse sobre su constitucionalidad.