Bogotá, 20 abr (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia tuvo
conocimiento de hasta 83 casos de
reclutamiento forzado de menores
desde que entraron en vigor las
medidas de confinamiento por la
pandemia, el 17 de marzo de 2020,
hasta septiembre, cuando finalizó
la fase estricta, según un informe
divulgado este martes.
El 80 % de estos casos ocurrió en
zonas rurales, sobre todo en territorios donde abundan los cultivos
ilícitos, y el 33 % de los reclutados
eran menores de 14 años, señala
un informe sobre la extensión de
este crimen de lesa humanidad en
el país.
Casi 200 municipios en toda Colombia estuvieron en riesgo de reclutamiento forzado en 2020, año
en que la Defensoría emitió hasta
46 alertas tempranas donde se
avisaba el riesgo de reclutamiento
forzado.
En 2021, por otro lado, ya son cinco las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo
que hay de reclutamiento de menores por parte de grupos armados
ilegales como el Clan del Golfo (el
mayor grupo criminal del país), disidencias de las FARC o la guerrilla
del Ejército de Liberación Nacional
(ELN).
«A la Defensoría del Pueblo le preocupa la persistencia del reclutamiento, uso y utilización en Colombia (de) las viejas dinámicas del
conflicto, que se han transformado
a través de las nuevas modalidades de violencia después de la firma de los acuerdos de paz», señala
e informe.
En algunos casos, fenómenos
como el abandono, el maltrato infantil o la violencia intrafamiliar o sexual, así como la pérdida de seres
queridos, pueden llevar a los menores a sumarse a grupos armados
buscando protección.
«Son preocupantes los casos de reclutamiento en donde el niño, niña
y adolescente tiene la ‘voluntad’ de
ingresar a los grupos armados ilegales», se extrae del informe, que
apunta también al uso de menores
como escudos humanos.
LA POLÉMICA DE LAS «MÁQUINAS DE GUERRA»
El uso ilegal de menores por parte de grupos armados fue tema
de discusión en el país en los últimos meses, después de que se
hiciera público que el Ministerio de
Defensa ordenó el bombardeo de
un campamento donde supuestamente habitaban disidencias de
las FARC en Calamar (Guaviare)
y donde se reveló que había varios
menores.
El bombardeo se produjo el pasado
2 de marzo y el Gobierno informó
que murieron doce personas, de
las cuales, al menos una se confirmó más tarde que era menor de
edad.
El ministro de Defensa, Diego Molano, defendió a mediados de marzo
el «uso legítimo de la fuerza» contra menores reclutados por grupos
armados porque dejan de ser víctimas y se convierten en «máquinas
de guerra».
La Red Nacional de Información de
la Unidad para las Víctimas indicó
que entre 2018 y 2020 fueron registrados 313 casos de reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes, la
mayoría de ellos varones entre los
12 y los 17 años.
Por su parte, la Coalición Contra la
Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) alertó que en los
primeros cinco meses de 2020, 128
menores habían sido reclutados,
por lo que el delito aumentó en un
113 %, debido a la cuarentena y el
cierre de escuelas.
Bogota, Apr 20 (EFE)- Colombia’s
Ombudsman’s Office became
aware of up to 83 cases of forced
recruitment of minors since the
pandemic confinement measures
came into force, on March 17, 2020,
through September, when the strict
phase ended, according to a report
released on Tuesday.
80% of these cases occurred in
rural areas, especially in territories
where illicit crops abound, and 33%
of recruits were under the age of
14, a report on the extent of this crime against humanity in the country
points out.
Nearly 200 municipalities across
Colombia were at risk of forced recruitment in 2020, when the Ombudsman issued up to 46 early warnings warning of the risk of forced
recruitment.
By 2021, on the other hand, there
are already five early warnings from
the Ombudsman’s Office about the
risk of recruitment of minors by illegal armed groups such as the Gulf
Clan (the country’s largest criminal
group), FARC dissents, or National
Liberation Army (ELN) guerrillas.
«The Ombudsman’s Office is concerned about the persistence of the
recruitment, use and use in Colombia (of) the old dynamics of the conflict, which have been transformed
through new forms of violence after
the signing of peace agreements,»
he says and reports.
In some cases, phenomena such
as neglect, child abuse or domestic or sexual violence, as well as the
loss of loved ones, can lead minors
to join armed groups seeking protection.
«Recruitment cases where the child
and adolescent have the ‘will’ to
enter illegal armed groups are of
concern,» he draws from the report,
which also points to the use of minors as human shields.
THE CONTROVERSY OF THE
«WAR MACHINES»
The illegal use of minors by armed
groups was a topic of discussion in
the country in recent months, after
it was made public that the Ministry
of Defense ordered the bombing
of a camp where FARC dissents
were supposedly inhabited in Squid
(Guaviare) and where it was revealed that there were several minors.
The bombing took place on 2 March
and the Government reported that
twelve people were killed, at least
one of whom was later confirmed to
be underage.
Defense Minister Diego Molano defended in mid-March the «legitimate
use of force» against minors recruited by armed groups because they
cease to be victims and become
«war machines.»
The National Victims Unit Information Network indicated that between
2018 and 2020 there were 313 cases of recruitment of children and
adolescents, most of them boys
between the age of 12 and 17.
For its part, the Coalition Against
the Linkage of Children and Young
People to Armed Conflict in Colombia (Coalico) warned that in the first
five months of 2020, 128 minors
had been recruited, so crime increased by 113%, due to quarantine and closure of schools